La organización territorial de Francia, la forma en que sus estados y política están situados, es curiosa y distintiva. No es solo una cuestión administrativa, sino también histórica y cultural. Se trata de una de las distribuciones mejor hechas del mundo, con cada ciudad en su mejor lugar y varias zonas que tienen su por qué, reflejando tanto criterios geográficos como sociales. Francia ha logrado estructurar su territorio de manera que las diferentes áreas urbanas y rurales cumplan funciones claras y complementarias.
Francia se divide en 13 regiones que se encuentran en la metrópolis, es decir, la Francia continental. Estas regiones son fundamentales para la organización del país, aunque es importante destacar que, siendo un país unitario, estas regiones no tienen autonomía legislativa. Esto significa que, a diferencia de los estados federales, donde los estados o provincias pueden promulgar sus propias leyes, las regiones francesas están limitadas en su poder legislativo. Sin embargo, cada una de estas regiones recibe del Estado una parte correspondiente de los impuestos nacionales recaudados. Estos recursos se reparten de acuerdo con las necesidades locales, permitiendo que cada región funcione de manera adecuada. Las reglas y políticas de cómo se distribuyen estos fondos son establecidas por el Consejo regional, una entidad clave en la administración regional, que actúa como intermediario entre el gobierno nacional y las necesidades locales.
En el mapa político de Francia también hay 96 departamentos, otra subdivisión crucial en la estructura administrativa del país. Estos departamentos están regidos por el Consejo general, y fueron creados en 1790 con el objetivo de facilitar la cercanía entre los ciudadanos y sus representantes. En ese tiempo, se diseñó de tal manera que cualquier persona pudiera acceder a sus representantes en un máximo de un día, a caballo, una medida visionaria para la época. Cada departamento cuenta con un prefecto, que representa al gobierno central y se encarga de supervisar la implementación de las políticas nacionales a nivel local.
Tampoco hay que olvidar los 323 distritos que componen los departamentos. Estos distritos son unidades administrativas de menor tamaño, y cada uno de ellos tiene un subprefecto cuya principal función es asistir al prefecto del departamento en sus responsabilidades. Esta subdivisión permite que el gobierno se mantenga cercano a las comunidades, asegurando que las decisiones políticas y administrativas puedan ser implementadas de manera efectiva. A efectos electorales, la división más pequeña son los cantones, de los cuales hay 1.995 en Francia. Estos cantones tienen una función principalmente electoral y judicial, sirviendo como circunscripciones para las elecciones locales. Equivalentes a los municipios están las comunas, la división administrativa más básica y cercana a la ciudadanía. Actualmente, hay 36.529 comunas en todo el país, lo que refleja la densa y detallada organización territorial francesa. Las comunas varían mucho en tamaño, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos rurales.
Finalmente, están las intercomunidades de Francia, que son equivalentes a las mancomunidades. Estas agrupan dentro de un mismo departamento a varias comunas que colaboran en la gestión de servicios públicos y la planificación territorial. Estas intercomunidades permiten una cooperación más eficiente entre pequeños municipios, ayudando a optimizar recursos en áreas como transporte, urbanismo o gestión de residuos.
En Francia, además, solo existe una metrópoli con un estatuto territorial particular, lo que le otorga una posición única dentro del sistema administrativo del país. Este territorio especial es Lyon, que cuenta con competencias ampliadas en comparación con otras ciudades, reflejando su importancia como centro económico y cultural.
Aparte de todo lo comentado, es importante mencionar que el mapa político de Francia ha ido evolucionando en las últimas décadas. Desde los años 80, el país ha estado llevando a cabo un proceso gradual de descentralización. Este proceso tiene como objetivo transferir más recursos y competencias a las autoridades subnacionales, fortaleciendo así la capacidad de gobierno local. Aunque este proceso aún no ha terminado, ha logrado aumentar la autonomía de las regiones y departamentos en ciertos ámbitos. Los esfuerzos continúan orientados a optimizar el funcionamiento de la administración pública y a gestionar los recursos de manera más eficiente, con el fin de mejorar los servicios a la ciudadanía y fomentar un desarrollo territorial equilibrado en todo el país.